Los Consejos Directivos del Colegio de Abogados de Tucumán y del Colegio de Abogados del Sur informan que han decidido plantear conjuntamente la inconstitucionalidad de las recientes reformas introducidas por las Leyes N.º 9.987 y N.º 9.988, en cuanto modifican aspectos sustanciales de la organización judicial provincial y del trámite procesal.

La decisión institucional se funda en la preocupación que generan diversas disposiciones que, bajo una finalidad de reorganización y modernización del servicio de justicia, pueden comprometer garantías esenciales del sistema constitucional: el juez natural, la defensa en juicio, la tutela judicial efectiva, la especialidad judicial, la seguridad jurídica, la igualdad de armas en el proceso y el adecuado ejercicio profesional de la abogacía.

Entre los principales aspectos observados se encuentran la implementación de criterios de competencia múltiple o multifuero; la ampliación de atribuciones de los Juzgados de Paz Letrados; la reasignación de competencias al fuero contencioso-administrativo en materia de sanciones y multas; la reducción, fusión o reorganización de órganos judiciales; y la delegación de facultades reglamentarias sobre cuestiones que, por su naturaleza institucional, deben quedar determinadas por ley formal.

Ambas instituciones advierten que la competencia material de los órganos jurisdiccionales no constituye una mera cuestión administrativa, sino una garantía vinculada al debido proceso, a la idoneidad del magistrado y a la previsibilidad del sistema judicial. Del mismo modo, toda ampliación de competencias debe preservar la defensa técnica, la especialidad suficiente y el acceso real a justicia, evitando que la cercanía territorial o la eficiencia operativa se traduzcan en una disminución de la calidad de la respuesta jurisdiccional.

La modernización del Poder Judicial es necesaria y debe ser acompañada cuando fortalece el servicio de justicia. Sin embargo, no puede realizarse en desmedro de principios constitucionales ni de los derechos de los justiciables. La eficiencia administrativa no puede sustituir garantías estructurales del proceso, ni la reorganización funcional puede debilitar la independencia, especialidad y calidad técnica de los órganos judiciales.

Por ello, el Colegio de Abogados de Tucumán y el Colegio de Abogados del Sur reafirman su compromiso con una justicia independiente, especializada, accesible y respetuosa del debido proceso; con la defensa del ejercicio profesional de la abogacía; y con la tutela judicial efectiva de toda la ciudadanía.

Consejo Directivo — Colegio de Abogados de Tucumán
Consejo Directivo — Colegio de Abogados del Sur