El Colegio de Abogados inició una demanda judicial por la implementación de los Códigos Procesales, Civil y Comercial Común y de Familia
Con la firma del Presidente Dr. Rodolfo Gilli, y del Secretario de la institución Dr. Ruy Paez de la Torre, patrocinados por el Dr. Ignacio Chasco Olazábal, el Colegio de Abogados de Tucumán interpuso un amparo (expediente N° 572/22), ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de turno.
En el juicio caratulado “COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN vs. PROVINCIA DE TUCUMÁN s/ AMPARO” se solicita la prórroga, suspensión y/o interrupción de la vigencia de las leyes 9.531 (Nuevo Código Procesal Civil y Comercial) y 9.581 (Nuevo Código Procesal de Familia), y sus modificatorias, hasta el 01 de febrero del 2023 o, en subsidio, hasta el momento en el que se encuentren efectivamente dadas las condiciones jurídicas, técnicas, materiales y sociales necesarias para que la aplicación de los cuerpos normativos de mención no resulte en una profunda lesión a los derechos, libertades y garantías que asisten a los matriculados a quienes representan.
El Colegio entiende que la Provincia busca mejorar el funcionamiento de los procesos que se desarrollan en el fuero ordinario, pero afirma que con las normas que el Colegio cuestiona no se podrá alcanzar el objetivo, y que para ello, además, se requieren modificaciones técnicas que acompañen la reforma legislativa. También se ha señalado que las capacitaciones oficiales no han sido culminadas.
En la presentación se cita entre los antecedentes la prórroga del Nuevo Código Procesal Penal, con idénticos paradigmas que el Código Procesal Civil, y el cual incluso fue pospuesto por 3 años, en atención a lograr una verdadera mejora en los procesos.
Se señala también que el período que transcurre desde la publicación de la norma hasta su entrada en vigencia (vacatio legis), en el presente caso, es mínima, al haberse introducido modificaciones posteriores, la última, el 21 de Octubre pasado, a escasos días de la entrada en vigencia, impide que los abogados estén en posibilidad real de conocerla y acatarla. Incluso los que tienen que decir el Derecho.
El Colegio, que ha solicitado formalmente la prórroga por las razones señaladas a la Honorable Legislatura, atendiendo a las numerosas solicitudes y preocupación de abogados de pasillo, realiza esta acción urgente para que la Justicia ordene el traslado de la ley a la accionada, y haga lugar a la demanda en salvaguarda de los profesionales del derecho y la ciudadanía toda, quienes serán los mayores perjudicados si las instituciones no actúan a la altura de las actuales circunstancias.
