Sumatoria de desaciertos
La fuga a 5 días de ser condenado a perpetua del ex guardiacárcel Rejas, por el doble crimen de Milagros Avellaneda y su hijo Benicio es el resultado de una sumatoria de desaciertos de los poderes del Estado.
El Colegio de Abogados de Tucumán viene advirtiendo esta situación y ha solicitado en anteriores oportunidades que se tomen las medidas para revertirlo.
La crisis carcelaria llegó a un extremo donde se desnudó todas las falencias del sistema.
El caso Rejas ha desnudado una necesidad evidente: ampliar las locaciones carcelarias. Y no sólo para garantizar el cumplimiento de las condenas, sino fundamentalmente que el preso pueda, dentro de un espacio adecuado, reformar su conducta para reinsertarse en el futuro a la sociedad. La superpoblación carcelaria se soluciona con más infraestructura edilicia de calidad y no manteniendo las comisarías como centros de detención.
Tucumán hace menos de un mes fue testigo de la muerte de cuatro reclusas a raíz de un incendio en una Comisaría, encerradas, en Concepción, que podría haberse evitado si el Estado hubiera tenido una infraestructura carcelaria acorde a las necesidades.
Una tarea urgente de los tres poderes del Estado, que en conjunto deben trabajar en seguridad, y en el sistema carcelario hoy colapsado, agravado por decisiones que empeoran la realidad.
La desacertada orden impartida por el tribunal integrado por Stella Maris Arce, Alicia Freidenberg y Eduardo Romero Lascano, que condenó al prófugo Rejas a perpetua por el doble crimen, a ser trasladado hasta el cuartel de la Dirección General de Bomberos, carece de lógica. Más aún con la advertencia del propio Jefe de Bomberos, que por nota a los magistrados señaló que el lugar no reunía las más mínimas condiciones de seguridad.
En un contexto de crisis carcelaria endémica, el tribunal debería haber extremado la seguridad, más, en un preso con sus características y el crimen cometido, enviándolo a un Centro de Detención al efecto, con la custodia y seguridad que carece el Departamento de Bomberos.
Tampoco se respetaron normas en la vigilancia (en éste caso a cargo del servicio penitenciario provincial).
Hoy, la sociedad tucumana asiste a un escándalo en donde el servicio de seguridad y justicia son puestos en el banquillo, en medio de la indefensión de miles de tucumanos.
“La crisis carcelaria, el problema de inseguridad y los criterios de algunos jueces que mandan a un condenado por doble crimen a los Bomberos fue un cóctel explosivo que desnuda la falta de respuestas del Estado”, expresó el Dr. Rodolfo Gilli, Presidente del Colegio.
El Colegio de Abogados de Tucumán, una vez más, en su rol de garante como institución intermedia de la sociedad, exige a los poderes del Estado que dé urgente respuesta a esta situación que atenta contra la ciudadanía.
